Contradicciones en política migratoria
Thursday, March 11, 2010
Un juez federal local la considera la situación “más bizarra, tipo Alicia en el país de las maravillas” que ha visto dentro del mundo jurídico federal.
La oficina del procurador de Estados Unidos del Distrito Este de Tennessee está enjuiciando a nueve inmigrantes indocumentados bajo cargos de utilizar números del Seguro Social falsos para obtener trabajo. Ofensa por la cual la deportación es comúnmente el castigo.
Pero esos mismos inmigrantes poseen visas tipo U, las cuales les otorgan inmunidad ante la deportación por lo menos por cuatro años, cortesía del Departamento de Seguridad Nacional. Los inmigrantes obtuvieron las visas después de que una investigación reveló que su empleador los había explotado debido a su estatus migratorio.
Los nueve trabajadores, originarios de México, son demandantes en una acción civil federal encabezada por el Southern Poverty Law Center de Montgomery, Alabama. Los casos alegan que Durrett Cheese Sales Inc., una compañía de quesos en Winchester, Tennessee, obligó a los inmigrantes a trabajar ahí, les negó sus sueldos por la mayor parte del 2007 y los reportó a Inmigración y Control de Aduanas cuando se quejaron de su situación.
La semana pasada, durante la primer audiencia para sentenciar a uno de los inmigrantes, el juez Harry S. “Sandy” Mattice dijo que la situación ejemplifica “dos agencias trabajando a propósitos encontrados” y la “ambivalencia” del Congreso de Estados Unidos en cuanto a las leyes de inmigración.
“Dados los hechos del caso, no creo que sea posible que alguien pueda respetar las leyes de inmigración de este país”, señaló Mattice al determinar no encarcelar a Juana Montano-Pérez, la primera de los nueve inmigrantes indocumentados que han admitido haber cometido fraude.
Buscando tiempo en la cárcel para la acusada, el fiscal Gary Humble dijo que Montano-Pérez había recibido su visa U a pesar de cometer más de 10 años de fraude de inmigración y de haber sido deportada anteriormente.
“Está tratando de apelar al sentimiento de esta corte con su historia triste”, escribió Humble en su memorándum de sentencia dirigido al juez. “¿Quién dice que el crimen no paga?”
El Congreso creo el programa de visas U en el 2000 con la intención de ayudar a los inmigrantes indocumentados que son explotados en estafas migratorias. Kristi Graunke, abogada del Southern Poverty Law Center, dijo que no es una “amnistía generalizada” para todos los inmigrantes indocumentados y que no está diseñada para restarle autoridad al Departamento de Justicia.
“La meta de la (visa U) es asegurar que los cuerpos policiacos pudieran investigar crímenes contra indocumentados y que ellos cooperen sin miedo de represalias”, dijo Graunke en un correo electrónico. “Sin este programa... los indocumentados tendrían miedo de ser deportados automáticamente si hacían una denuncia”.
Graunke y la abogada Mónica Ramírez, quien ejerce en Atlanta, están representando a los inmigrantes indocumentados en su demanda contra Durrett Cheese. Graunke no quiso comentar específicamente sobre el caso frente al juez Mattice, pero dijo que “es muy preocupante” ver a indocumentados siendo enjuiciados sin que haya responsabilidad por parte de los empleadores que rompen las leyes de inmigración.
El verano pasado, un jurado federal en Chattanooga encontró culpable a un supervisor de Durrett Cheese de fraude al Seguro Social. El dueño de la compañía, Greg Durrett, quien, según la demanda, se negó a pagarle a sus trabajadores indocumentados y conspiró para que los arrestarán, nunca ha sido enjuiciado.
“Hay una tendencia de ir tras los peces chicos”, dijo Graunke.
Durante una audiencia el lunes, el juez Mattice dijo que seguía “confundido y frustrado” por la situación. Se negó a sentenciar a más acusados, ordenando que los casos sean consolidados y que se lleve a cabo una investigación para determinar si se habían violado las garantías procesales de los acusados.
Si algún abogado defensor involucrado en el caso puede mostrar tal evidencia, indicó el juez Mattice, considerará obligar al gobierno a revelar los documentos que “sirvieron como la base para estos juicios”.
Tendrán que presentar pruebas, dijo, que los fiscales federales consultaron con la división de derechos civiles del Departamento de Justicia para asegurarse de que estaban “llevando a cabo un proceso de decisiones razonable y sin discriminación” en cuanto al derecho de protección bajo la ley de los inmigrantes indocumentados.
“Es un caso dónde hay que preguntarse si la mano izquierda sabe lo que está haciendo la derecha”, dijo la abogada defensora Christian Lanier. “Y si esto le importa al gobierno”.