Extradición de ex presidente guatemalteco tardará
Thursday, March 18, 2010
GUATEMALA — La extradición hacia Estados Unidos del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo autorizada por un tribunal guatemalteco no será de inmediato, pues antes se deben agotar primero una cantidad de recursos judiciales de sus defensores y completar un juicio por corrupción que enfrenta en el país.
"Es cuestión de meses, si no años... hay amparos, apelaciones, acciones de inconstitucionalidad y, por aparte, está el tema de juicio por peculado", dijo el jueves a la AP el auxiliar fiscal a cargo del caso Juan Francisco Sandoval.
Telésforo Guerra, abogado de Portillo indicó que apelará en los próximos días. De acuerdo con la ley tiene un plazo de tres días para recurrir la sentencia de la jueza Morelia Ríos quien autorizó que el ex gobernante sea enviado a Nueva York para responder sobre las acusaciones de haber lavado millones de dólares del patrimonio guatemalteco a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Si la apelación no resulta favorable, pueden plantear un amparo y después una acción de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional. Aunque existen plazos fijos para que las cortes respondan, estos no suelen respetarse en los tribunales guatemaltecos.
Además, antes de ser extraditado, la ley guatemalteca manda que el ex mandatario responda por un proceso de corrupción que está pendiente en los tribunales y cumpla una condena si resulta culpable.
A Portillo se le acusa de autorizar una transferencia de $16 millones hacia el ministerio de la defensa que posteriormente fueron embolsados por altos mandos militares.
"Hicimos la acusación formal en abril de 2009 y este es el día en que el juzgado no ha fijado una fecha para que comience el juicio", dijo Sandoval.
La defensa de Portillo recusó al juez que conocía el proceso y esto demoró la apertura a juicio, dijo el fiscal.
Es una práctica común que la defensa de los acusados interponga amparos y acciones legales para retrasar los juicios.
Carmen Aída Ibarra, coordinadora del Movimiento ProJusticia, indicó que en casos emblemáticos como el del asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990, los defensores "hacen litigio malicioso y plantean amparos frívolos e improcedentes". Cada uno de los once amparos en ese juicio tuvo una duración promedio de 18 meses, lo cual demoró el juicio 14 años.
En casos de derechos humanos como la masacre de Las Dos Erres cometida por el Ejército en 1982, la defensa ha planteado 33 amparos.
Refiriéndose a la resolución de Ríos, Portillo declaró a periodistas que "es una batalla que se pierde, pero tenemos más recursos, tenemos apelación... todavía no ha terminado", anticipando posibles planes de utilizar todos los recursos a su alcance para impedirlo.
Por aparte, de ser condenado por el tribunal en el juicio de peculado, Portillo debería cumplir una condena de hasta siete años.
Un fiscal federal en Estados Unidos asegura que Portillo conspiró para lavar dinero en bancos de Estados Unidos. La acusación indica que se apropió de $1.5 millones donados por Taiwán; y luego conspiró con un coronel no identificado y un agente del espionaje militar para apropiarse de millones de dólares del gobierno.
Según la investigación, Portillo habría trasladado durante sus cuatro años como presidente unos $14 millones tomados de las cuentas del estado y $1.5 millones del donativo de Taiwán.
Portillo fue postulado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por el ex dictador Efraín Ríos Montt. Al terminar sus cuatro años de gestión presidencial en 2004 partió de Guatemala en donde se le formularon acusaciones de corrupción hacia a México, donde obtuvo una visa de trabajo.
Durante un exilio de 18 años en México, Portillo fue acusado en 1982 de dos asesinatos en el estado de Guerrero, pero nunca se presentó ante las autoridades. El caso está prescrito.